¿Navidad clandestina en España?

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El encendido de las luces de Navidad en las calles, que se produce por estas fechas, es el primer indicador de que se acerca la celebración. Este año será además uno de los pocos rituales que se mantendrán en pie, en plena oleada de la pandemia de coronavirus.

Será una Navidad sin compras en centros comerciales abarrotados, sin cabalgatas de Reyes, y los creyentes sin poder cantar en la misa del gallo. Son algunas de las recomendaciones que hizo esta semana el Ministerio de Sanidad de España, a la espera de que el próximo miércoles se acuerde con las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el plan definitivo de restricciones por motivos de control del Covid-19.

Las limitaciones no solo operarán en el ámbito público, sino incluso en el privado. Sanidad plantea que esos días se reúnan seis personas como máximo, si no son convivientes. Muchos ciudadanos se preguntan hasta qué punto el gobierno puede entrar a regular no solo un toque de queda nocturno sino incluso a quién se invita en casa, aunque esta sea una situación excepcional.

¿Puede el gobierno limitar el número de comensales en una comida de Navidad, en una casa privada? La respuesta inmediata es que sí puede. El gobierno puede hacer todo lo que le autorice el estado de alarma, pero tendrá difícil controlar lo que ocurre en esos espacios privados. Una cosa es la regulación legal y otra el control de su cumplimiento.

La segunda declaración del estado de alarma para toda España, aprobada por el gobierno en un real decreto el pasado 25 de octubre, a petición de una decena de comunidades autónomas, permite a los gobiernos fijar limitaciones de movilidad y de contactos, con pleno amparo constitucional.

El artículo 7 del decreto establece, en relación con las reuniones, que “la permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes”.

Seis es un número que puede ser modificado, a la baja o al alza. El propio decreto establece que las autoridades competentes podrán establecer excepciones o flexibilizar la limitación prevista en el citado artículo.

“Este es un asunto muy complejo porque afecta a derechos fundamentales y a la vez es una situación totalmente nueva. Hay determinados ámbitos en los que estamos todos aprendiendo, y aquí no tenemos jurisprudencia, que es una fuente de seguridad jurídica”, constata el abogado penalista Marc Molins.

Así es. Que no haya pronunciamientos de los tribunales, o no suficientes, en el contexto de esta pandemia, es un signo más de la excepcionalidad de la situación. “Eso hace que todos vayamos improvisando”, señala Molins. Con todo, subraya, “no estamos ante un problema jurídico, sino sanitario. Y por tanto la respuesta ciudadana tendría que estar basada en el principio de responsabilidad”.

Prudencia

Prudencia y responsabilidad son las peticiones más reiteradas a la sociedad por las autoridades, para tratar de frenar la propagación del coronavirus. “Las normas de disciplina y salud pública deberían estar interiorizadas y cumplirse en base al principio de autoconservación pero también de solidaridad –constata Molins–. Cualquier necesidad normativa o sancionadora siempre oculta un fracaso colectivo”.

Bajo el paraguas del estado de alarma, el gobierno tiene incluidas prácticamente todas las facultades de limitación en este ámbito. “Que las restricciones sean dentro de un domicilio lo hace especial, es una gran diferencia respecto a las limitaciones en el espacio público. No nos engañemos, la posibilidad de controlar el cumplimiento de la norma es complicado en este caso. Es una dificultad más. Pero igualmente está claro que el que no puedan fiscalizar no significa que estemos exentos de cumplir la norma”, añade.

Ese es el punto flaco del plan gubernamental: que las autoridades no pueden controlar cuántos se reunirán en una casa. “Una confusión normal es pensar que cuando una ley se publica en el BOE ya está. Pero luego hay que controlar su cumplimiento –advierte Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona–. Ante un comportamiento irregular, la policía denuncia y esa denuncia sigue su curso. En este caso, el efecto es preventivo porque no van a poder ir a todas las casas y en muchas no les dejarán entrar”.

Los agentes policiales, tanto de la Guardia Urbana en el caso de Barcelona, como de los Mossos d’Esquadra, y en general de cualquier cuerpo policial, no pueden entrar en un domicilio privado si no se les permite el acceso, salvo en caso de delito flagrante, situaciones de emergencia que detalla la ley de Seguridad Ciudadana o con una orden judicial.

“Solo podemos acceder a un domicilio en circunstancias concretos. Nos pasa en casos tan flagrantes como los narcopisos –señalan fuentes municipales–, pero eso no significa que el decreto del estado de alarma sea en este punto papel mojado. La gente tiene que ser responsable. Si no lo hacemos entre todos no conseguiremos frenar el virus”.

 

Fuente: Clarin

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