(Especial, Norma Lezcano para Perfil Córdoba). La firma del Consenso Fiscal, primero, y la del Acuerdo con el FMI, después, terminaron por visibilizar el estado real de las cuentas públicas en los tres niveles de gobierno. Tras conocerse el nivel aproximado de recorte que deberán hacer el conjunto de las provincias ($100.000 millones), el apriete del cinturón comenzó a proyectarse hacia el interior de cada distrito federal.

Así es como en las últimas horas volvió a reflotarse un research que data de noviembre de 2017, pero que ahora cobra total actualidad: el desequilibrio de las cuentas municipales de todo el país llegó a los $10.000 millones, un número apenas inferior al rojo fiscal del consolidado provincial, según datos documentados por el Observatorio Fiscal Federal.

Al momento de firmarse el Consenso Fiscal, el año pasado, las autoridades nacionales se habían alertado, particularmente, porque la tendencia del desequilibrio municipal se duplicó entre 2014 y 2016.

Círculo vicioso. “Si esa cultura de gasto, si esa inercia a resolver los problemas comunales continúa, ni las provincias ni la Nación van a poder cumplir con sus metas porque al final todas las necesidades terminan tocando a las puertas de las gobernaciones o, directamente, llegan a Buenos Aires”, comenta una fuente nacional que recuerda ahora la importancia de que cada provincia trabaje en alguna modalidad institucional de “responsabilidad fiscal municipal”.

Analizando los datos recopilados por el Observatorio Fiscal Federal, se comprueba que las intendencias de la provincia de Córdoba concentran el 43% del rojo fiscal municipal de todo el país, con $4.328 millones. Le siguen Neuquén ($2.362 millones), Tucumán ($1.993 millones), Santa Fe ($1.941 millones) y Mendoza ($1.519 millones).

De las 23 jurisdicciones provinciales, sólo siete cuentan con superávit a nivel municipal (Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Corrientes y Formosa). Según interpreta la Nación, en base a datos del Ministerio de Trabajo, entre las principales razones de ese aumento del déficit municipal, en todo el país, estaría el incremento del gasto en personal.

En efecto, este indicador vino creciendo en el orden del 2,4% anual, un ritmo mucho mayor que en los gobiernos provinciales (0,9%). Respecto de la provincia de Córdoba, se observa una expansión del déficit municipal del 520% en siete años (entre 2009 y 2016) con una marcada aceleración de esa evolución a partir del 2014.

Paralelamente a ello, los datos del Observatorio Fiscal muestran que en esos mismos siete años, los ingresos de origen nacional y provincial que recibieron los municipios cordobeses crecieron un 674% y las transferencias corrientes que nutrieron sus arcas aumentaron un 283%. Promediando estos dos últimos porcentajes, queda claro que los intendentes hicieron crecer el déficit al compás del aumento de los fondos que fueron recibiendo (ingresos repuntaron 479% vs. déficit, 520%).
Esta ecuación, incluso, no tiene en cuenta que también se beneficiaron con mayores recursos propios, obtenidos del cobro de tasas y contribuciones.

Septiembre, fecha clave. Aunque desde el Gobierno provincial no hubo ninguna confirmación oficial, desde la Nación se dejó trascender un listado de los virtuales recortes que le corresponderá a cada provincia para alcanzar los $100.000 millones.

De acuerdo a esa información, el compromiso que tiene que asumir Córdoba llegaría a los $8.000 millones, como anticipó Perfil Córdoba, el domingo pasado, en lo que sería una hipótesis de máxima. La cifra final aún no está dicha y todo puede pasar aún.

Ahora, cada provincia dispone de unos 10 días para armar la pauta de recortes que realizará conforme a sus propias necesidades y también posibilidades. El objetivo del Gobierno nacional es estudiar las propuestas de los 24 distritos durante agosto, para llegar a la presentación del Presupuesto 2019, en septiembre, con todo ese andamiaje fiscal consolidado.

Viendo esta hoja de ruta, para la Administración Schiaretti se torna imprescindible llegar, en los próximos días, a un acuerdo con los municipios que no sólo cierre heridas y demandas en relación a la coparticipación sino que también fije una normativa para la gestión de los recursos, sobre la filosofía de la responsabilidad fiscal.

Esto armaría una cadena de previsibilidad en los niveles de gobierno municipal-provincial y, por ende, otorgaría una mayor capacidad a la Provincia para cumplir con sus objetivos de recorte sin poner en riesgo su récord de superávit fiscal.